¿En el ámbito de las autorizaciones urbanísticas, es partidario de que se modifique el papel que juegan las empresas privadas acreditadas (ECU) para que también puedan facilitar las gestiones en las obras que realicen los particulares en sus viviendas u otras actuaciones similares?
Eso no es cierto, después de la ECu, cualquier licencia pasa por el AGLA, que lo revisa todo, es decir se duplica el trabajo, y se dan casos en los que la ECU da por buena una cosa y el ayuntamiento no. Son una perdida de tempo y de dinero para el ayuntamiento. El sistema tal como esta planteado no funciona.
Según datos de la Memoria de La Nueva Ordenanza, desde que se abrió la posibilidad de elección, entre tramitar en el Ayuntamiento, o en una ECU, el porcentaje de tramitaciones a través de ECU se han incrementado, lo cual evidencia las ventajas que ofrecen. - Plazos mucho más cortos. - La competencia entre Entidades favorece la calidad de la atención y la rapidez. - Trato es más directo y fácil, incluso llegando a tener hasta el móvil del personal de ECU. - Es mas barato tramitar por ECU, en DRs el informe previo permite invertir el dinero con garantía, y en Licencia se abre, se factura y se generar empleo antes. - Reducen los costes municipales. Las ECUS llevan años trabajando, con calidad, sin problemas, sin apenas reclamaciones, y con estupenda aceptación, siempre supervisadas por la administración, por lo que no hay motivo alguno parar que no puedan tramitar también las actuaciones que afecten al uso residencial.
El Ayuntamiento también cobra por realizar este servicio, se llama "Tasa por prestación de servicios Urbanísticos" y es muy similar al importe que cobran las ECUS. Además el importe de estas es un precio impuesto por el Ayto y todas cobran lo mismo.
Claro, porque de todos es sabido que los empleados públicos (de los ayuntamientos mismamente) son los que mayor productivad tienen y optimización en la gestión de sus tareas. Todo lo privado es malo y todo lo público es bueno es un análisis demasiado simplista para los tiempos que corren.
Lo impide el propio sistema laboral de los empleados públicos (que es lo primero a lo que habría que darle una vuelta). La gente no es productiva porque tampoco se le motiva (no hay mecanismos o los que hay no son efectivos), las subidas (o no subidas) de sueldo son para todos por igual, independientemente del desemepeño de cada uno. No se va haciendo criba a lo largo de la carrera profesional de los trabajadores en función de su evolución , desarrollo, competencias, etc. Se presupone que alguien que aprueba una oposición ya es un buen trabajador toda la vida lo cual, aunque duela admitirlo, no es cierto. Por qué da la casualidad que, en general, lo público necesita el doble de gente para hacer lo mismo en el doble de tiempo? Cuando consigamos cambiar eso entonces muchos servicios volverán a ejecutarse desde lo público, mientras tanto la gente seguirá pensando que compensa llevarlo al ámbito privado.
Obviamente no ha hecho Ud. este trámite nunca. Esta tramitación en el Ayuntamiento no es gratuita, se debe abonar la tasa de prestación de servicios urbanísticos (igual que en cualquier otro municipio). En caso de tramitar a través de ECU se paga la tarifa a la ECU y no se paga la tasa, puesto que los técnicos municipales no realizan el trabajo. Las tarifas de las ECUs no son libres, sino que son publicadas anualmente por el Ayuntamiento. Por otra parte el "fácil remedio" de contratar más técnicos municipales no es una medida gratuita para el ciudadano.
Tener el móvil de la persona que tiene que controlar si cumples una normativa o no... a mi no me parece una forma de cumplir el control urbanístico... Para mi pueden cumplir un servicio, pero para aquellas cuestiones que no tengan una trascendencia urbanística importante.
No he oído ni leído a nadie argumentar que tener el móvil de alguien suponga cumplir el control urbanístico o dejar de hacerlo. Sí implica desde luego una garantía de mejor servicio. Estará de acuerdo conmigo en que una de las mayores quejas en el trato con la Administración (en general, no sólo en este ámbito) es la imposibilidad para contactar con la persona que revisa la documentación presentada o la falta de agilidad para ese contacto. Quien emprende y arriesga su patrimonio no espera que le dejen saltarse la ley, sino que le den una respuesta clara y ágil sobre lo que dice la normativa respecto a su propuesta.
Le parecería bien que los ciudadanos tuvieran el teléfono móvil de los técnicos municipales para que les solucionara los problemas que tengan en la tramitación de los procedimientos....??? eso a un juez no le pareció nada bien.... incluso que el teléfono estuviese en la agenda de los titulares.
Obviamente me refiero a tener el teléfono como ejemplo de relación ágil y directa. Quien se salta la ley incumpliéndola o permitiendo a otros incumplirla no necesita su permiso para dar el móvil a la otra parte, se lo aseguro. Primero alguien incumple la ley y luego el juez opina sobre si tener un móvil en la agenda es relevante, no al revés. ¿Está Ud. en contra de que la Administración facilite al administrado el número de teléfono en el que puede contactar con quien revisa su expediente? Si es así, es la primera persona a la que oigo decir algo semejante. Considerar justo lo contrario, entendiendo que es una obligación de la Administración, sobre todo si no se cumplen los plazos, lo he visto reclamar miles de veces.
Entiendo que se refiere a que una ECU incumpla sus obligaciones de imparcialidad permita incumplir la normativa a sus "amiguetes" como Ud. dice, cualquier visita munipal de comprobación posterior lo detectaría y pondría en marcha un sistema de sanciones previsto en la ordenanza. En 7 años de actuación y varios miles de expedientes tramitados no conozco el caso. Si sólo hay un paso en 7 años de funcionamiento desde luego no se ha dado, le rogaría ponga un ejemplo en el que haya ocurrido. Lo de los reinos de taifas con una normativa que permite elegir entre más de 20 empresas privadas e incluso tramitar directamente con el Ayto. demuestra que no tiene Ud. claro lo que es un Reino de Taifas.
Ya que existen las ECU, que sirvan para todo. Pero mi opinión es que el Ayuntamiento no debería delegar sus funciones públicas, sino disponer de suficientes técnicos para ello. Se dan casos en que las ECU tienen que hacer consultas al Ayuntamiento sobre normativas y ordenanzas que no saben cómo interpretar, con lo que la supuesta agilidad que se buscaba con la existencia de las ECU queda muy en entredicho.
No, en su lugar hay que potenciar la simplificación del trámite y que pueda realizarse online, con un proceso guiado y muy bien explicado; no tiene sentido redactar trámites burocráticos enrevesados que obliguen al ciudadano a gastar dinero contratando servicios de empresas privadas para hacer trámites en organismos públicos.
Poner más personal público a trabajar de manera ineficiente no creo que sea la solución. El aumento de medios debe ir encaminado a la mejora de procesos, al aumento de la productividad de las personas que ya están contratadas y de la calidad de los recursos que se ponen a disposición del ciudadano para realizar estas gestiones.
Hay gente que opina aquí que conoce muy poco estas tramitaciones. Que lo hagas directamente en el Ayuntamiento no significa que sea gratis. Tienes que pagar la tasa de prestación de servicios urbanísticos. Lo hacen los técnicos municipales (sean funcionarios o contratados), pero no es un trámite gratis. Si lo haces ante una entidad urbanística pagas un precio, pero que está regulado y aprobado por el Ayuntamiento (como la ITV, que también son entidades privadas). A mí todo lo que sea libertad de elegir me parece bien. A ver si con esto el Ayuntamiento se anima a realizar mejor sus tramitaciones y a que los técnicos sean más amables y faciliten el trámite. Al que no le gusten las entidades privadas, que no vaya y listo.
Creo que la Administración debe contar con el apoyo en parte de sus funciones no trascendentes de entidades y empresas privadas, que previamente hayan sido acreditadas por la propia Administración por cumplir con los requisitos que se establezcan, que periódicamente para mantenerla tengan que pasar auditorías, y que haya un control efectivo sobre su trabajo. Aquellas empresas que colaboren con la Administración y en las que se detecten irregularidades o errores reiterados en los informes que emiten deben de perder la acreditación. En todo caso, se debe mantener la posibilidad de que el ciudadano pueda optar por acudir al Ayuntamiento o a una entidad acreditada a gestionar su solicitud de licencia, que en todo caso debe ser concedida por el Ayuntamiento. Esta colaboración de lo privado en las funciones de lo público, hace que el servicio final globalmente hablando sea de mayor calidad, y que el ciudadano que es de quien realmente deberíamos estar hablando, salga ganando.
Las ECUS ahorran tiempo y dinero, ofrecen un trabajo profesional de asesoramiento previo