En el artículo 22 de la Ley 22/2011 se establece un objetivo de preparación para reutilización, reciclado y valorización de residuos domésticos y comerciales del 50%, por lo que el establecimiento de un objetivo más exigente por las Entidades Locales supone una extralimitación competencial, y en el caso de los flujos de residuos sometidos al régimen de responsabilidad ampliada del productor, sería inconstitucional (artículo 31.3 de la Ley 22/2011).