• Promover la gestión privada de residuos no peligrosos comerciales e industriales como opción más eficaz y eficiente y de acuerdo con el marco legal. • En el caso de prestación de servicios municipales de gestión de residuos no peligrosos comerciales e industriales, que son de recepción voluntaria por parte del productor: establecer precios públicos que cubran los costes reales a valor de mercado de las actividades de gestión municipal de esos residuos y no imponer de forma obligatoria tasas o precios públicos a dichos productores si optan por la gestión privada de tales residuos. • Contemplar el fin de la exención del pago del impuesto sobre depósito de residuos no peligrosos a ayuntamientos.