MADRID POR LA JUSTICIA FISCAL Y LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

Análisis y diseño de mecanismos de control sobre los recursos económicos municipales que eviten su destino a grandes corporaciones transnacionales y los paraísos fiscales.

El Ayuntamiento de Madrid es una administración pública que cuenta con un significativo presupuesto y es por tanto un agente económico fundamental. A través de la contratación y otras acciones económicas (como los depósitos bancarios, el pago de la deuda, etc.) existe una interacción permanente y un flujo de capitales con otros agentes económicos como son las transnacionales o grandes corporaciones internacionales y entidades financieras de todo tipo.

Estos otros agentes económicos cuentan con un ordenamiento jurídico internacional que protege sus intereses a través un nuevo derecho corporativo global por encima de regulaciones nacionales o europeas y que, por el contrario, doblega un derecho internacional de los Derechos Humanos que resulta ser manifiestamente frágil. Así este marco corporativo permite, entre otras cuestiones, por ejemplo, el fijar su domicilio a efectos legales en los llamados “paraísos fiscales”, favoreciendo la evasión fiscal sobre las transacciones que estas empresas o entidades financieras pueden generar con el Ayuntamiento.

Los paraísos fiscales, provocan disfunciones a nivel global y a nivel local, ya que suponen una discriminación económica para otras prácticas empresariales de menor tamaño y/o más responsables, también disminuye la recaudación pública y debido a su opacidad, estos paraísos fiscales facilitan el blanqueo de capitales, la corrupción, la financiación del crimen organizado, de mafias y de grupos terroristas, el encubrimiento de tráfico de armas y otras actividades contrarias a los Derechos Humanos y el bien común.

Con esta propuesta se pretende:

1. Realizar un análisis económico de los recursos municipales que en los útlimos años hayan tenido como destino las transnacionales o grandes corporaciones y, también, que hayan podido recalar en paraísos fiscales.

2. Esclarecer los mecanismos que han favorecido o favorecen este destino insolidario e injusto de los recusos públicos municipales.

3. Diseñar y poner en práctica aquellos mecanismos y herramientas de todo orden (administrativo, jurídico, económico y social) que eviten por completo y ejerzan un control sobre estas prácticas.

4. Incorporar en estos instrumentos elementos que garanticen otras alternativas económicas de carácter más democrático y justas.

5. Favorecer también la transparencia, la información pública y la rendición de cuentas a la ciudadanía de parte del Ayuntamiento, así como de los agentes económicos implicados en el gasto y la inversión pública.