Protección institucional al ciudadano frente al abuso de las agencias inmobiliar

• Introducción

Soy un ciudadano que lleva unos años viviendo de alquiler como tantas personas en Madrid (y en el resto de España). Creo que existe un abuso por parte de las agencias inmobiliarias que perjudica al ciudadano de manera generalizada y que este, individualmente, no puede hacer nada más que someterse. Por ello, veo la necesidad de una intervención institucional que suavice y equilibre la injusta situación actual que explicaré a continuación.

• Consideraciones previas

Todas las personas y empresas tienen en el derecho legítimo de procurar emprender y mejorar sus proyectos personales y profesionales. Para ello, debe existir un escenario laboral en el que la regulación permita suficiente libertad para emprender actividades laborales y, simultáneamente, exista una protección institucional que impida que tal libertad degenere o produzca abusos en los derechos de las personas. Es difícil de alcanzar un equilibrio pero, al menos, todos estamos de acuerdo en este objetivo. Una prueba de ello es la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas. Mi propuesta no tiene tanto que ver con el equilibrio entre arrendador y arrendatario sino con la posición preferente de mercado de las agencias inmobiliarias frente al ciudadano en el mercado del alquiler de la vivienda.

• Objeto del abuso

En la actualidad, la inmensa mayoría de las viviendas de alquiler se publicitan a través de grandes portales como “idealista” o “fotocasa”. Cualquier ciudadano que realice una búsqueda de una vivienda, encontrará que, aproximadamente, un 90 % de la oferta es a través de agencias inmobiliarias. ¿Cuál es el problema? Las condiciones para formalizar un contrato implican, en la inmensa mayoría de las veces, pagar una mensualidad a la agencia. Cuando he preguntado a varias de ellas por qué hay que pagarlas, las respuestas han sido del estilo de (cito literalmente): “por el servicio prestado”,  “gastos de comisión”, “honorarios de agencia”, “de algo tenemos que vivir”, “así es como está establecido en Madrid…”, etc.

En realidad, ¿a quién realizan las agencias inmobiliarias el supuesto servicio? En mi opinión, al arrendador ya que este delega en la agencia algunas tareas tales como: enseñar el piso, valorar el perfil del potencial inquilino, confeccionar el contrato, etc. En cambio, ¿qué servicio presta la agencia al ciudadano que aspira a vivir de alquiler? Ninguno. O, mejor dicho, ninguno adicional al que de manera natural (y gratuita, obviamente) le serviría el casero. Es decir, al inquilino, por ejemplo,  le da igual que le enseñe el piso el casero o la agencia; le da igual que el contrato se lo pase el casero o la agencia, etc.

En definitiva, el inquilino, además de pagar las mensualidades y fianzas correspondientes que ya suponen un desembolso muy alto, se encuentra en la surrealista situación de tener que pagar una mensualidad más —importes nada desdeñables como 700€, 800€…— a la agencia por un servicio que esta le presta, eminentemente, al casero. Si este mismo inquilino hubiera tratado directamente con el arrendador, se ahorraría este mal trago injustificado.

Si lo anterior lo hiciera una agencia inmobiliaria particular, a buen seguro, cerraría ya que nadie, en su sano juicio tendría a bien regalar su dinero. Quizás no cerrara si cobrara el servicio al casero, lo cual tiene mucho más sentido ya que es a él, como se ha explicado más arriba, a quien se le presta un verdadero servicio.

¿Por qué se produce una situación de abuso? Sorprendentemente, esta práctica (cobrar al inquilino una mensualidad) se ha extendido hasta tal punto que las agencias inmobiliarias han copado casi la totalidad de oferta en el mercado. No hay más que hacer una simple búsqueda para advertirlo. Con lo cual, ante la (casi) inexistencia oferta de particulares agravada por la necesidad de una vivienda, el ciudadano acaba por someterse a esta abusiva obligación fáctica si quiere aspirar a una vivienda de alquiler.

• Necesidad de ayuda institucional para equilibrar una situación injusta para el ciudadano

Los ciudadanos que buscan alquiler están en esta situación poco tiempo lo cual dificulta enormemente una coordinación, entre ellos, que pudiera encarar la anterior situación. Esto no va a cambiar pues es inherente a la temporalidad de la tarea de buscar casa. Por ello, es imprescindible que los poderes públicos acudan en ayuda de sus ciudadanos no para beneficiarles sino para equilibrar una situación que, a todas luces, es abusiva.

Si un buen gobierno tiene entre sus objetivos el interés social, esta sería una oportunidad sencilla de llevar a término, ética y razonable. Asimismo, ayudaría a dinamizar mucho más el mercado inmobiliario.

• Propuesta

Intervención del Ayuntamiento en equilibrar esta situación abusiva para el ciudadano (por ejemplo, impidiendo que se cobre al inquilino o fomentando que se cobre al casero... Me consta que en otras partes de España [Galicia…] así es)