Comisión de investigación sobre privatizaciones

En las últimas décadas se han diferido a la gestión privada una inmensa cantidad de servicios públicos (limpieza, inspección, jardinería, asesoramiento jurídico y técnico a altos cargos). Económicamente se ha justificado con el dogma de reducción de costes y optimización de resultados, mas esto nunca ha sido probado. Resulta curioso que quienes defienden a capa y espada, lobbies económicos, grandes medios de comunicación y cátedras de las facultades de Empresariales, con todos los medios de que disponen no hayan elaborado un estudio sobre resultados de privatizaciones. Sí lo hizo el Tribunal de Cuentas en 2012 y resultó que la privatización de servicio de agua potable y de limpieza encarece el servicio a la vez que empeora sus prestaciones.   

Así, hay que depurar responsabilidades políticas por una parte, puesto que la oportunidad económica en la que se basaron las privatizaciones nunca ha sido demostrada y más bien parece lo contrario, así que se precisa una evaluación de resultados. Esto unido a que los nuevos casos de corrupción conocidos hacen medrar la fundada sospecha de haber relación entre cohechos recibidos por la Administración y empresas adjudicatarias de servicios públicos.

Asimimsmo hay una responsabilidad jurídica pues al privatizar un servicio ha de abrirse un expediente de contratación, para lo cual es necesario justificar el objeto del contrato. Si la Administración no tiene medios propios puede contratar, pero si no los tiene porque anteriormente se ha deshecho de su plantilla o porque no ha querido convocar procesos selectivos de personal laboral o funcionario no puede quedar justificada esa necesidad.

Por todo ello, y por la importancia que han tenido las llamadas externalizaciones en la justificación y promoción de una forma de gobierno que ha estado promoviendo las desigualdades deviene necesario estudiar las condiciones en las que se ha hecho este proceso, su resultado y la motivación. Son los representantes políticos quienes han de visibilizar estas responsabilidades políticas e informar a fiscalía en caso de detectarse algún indicio delictivo. En consecuencia, propongo una comisión de investigación abierta al público y en la que se escuchen responsables políticos (los que promovieron las privatizaciones y los que se opusieron a ellas), empresarios adjudicatarios, empresarios descartados, trabajadores afectados y usuarios de los servicios así como asocioaciones vecinales y otras afectadas (ecologistas en casos de limpieza, comerciantes en casos de estudios de licencias). Además podrían emplearse los estudios de la recientemente creada Subdirección de análisis de la deuda municipal.

Los resultados habrían de publicarse en el diario oficial del Ayuntamiento y darle la mayor difusión posible.