Una política fiscal más justa, base para cumplir con los Derechos Humanos

Como línea de carácter transversal al Plan, se pretende contribuir, desde su ámbito competencial, al desarrollo de una política fiscal más justa e inclusiva, con enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad, que permita al Ayuntamiento cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos como son la progresividad, el uso máximo de los recursos disponibles, la transparencia, la no discriminación y, en especial, la obligación inmediata y obligatoria de asegurar los niveles mínimos esenciales de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Con actuaciones previstas como: estudio sobre la regresividad de la política fiscal que afecta a la ciudadanía madrileña e instar al Gobierno de la Nación a aprobar las modificaciones oportunas; estudio de las prioridades presupuestarias y asignación del gasto público municipal y su relación con el cumplimiento en materia de derechos humanos; medidas para cumplir con el deber de utilizar y generar el máximo de recursos disponibles para financiar sus obligaciones en materia de derechos humanos y contribuir a la redistribución de la riqueza, reducción de las desigualdades y protección de los bienes públicos y comunes; estudio sobre el impacto en el Ayuntamiento de las medidas fiscales y presupuestarias adoptadas por la administración estatal en el contexto del actual ajuste fiscal; herramientas y capacidades necesarias dentro del Ayuntamiento para realizar un informe anual de impacto en DDHH que, junto al informe de impacto de Género, acompañe al Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid; garantizar una mayor equidad territorial y un reparto equitativo de los servicios municipales en todo su territorio, a través de, entre otros, el Fondo de Reequilibrio Territorial y del Plan estratégico para la descentralización y desconcentración municipal; promover, ante las instancias correspondientes, la eliminación de los obstáculos legales que dificultan el ejercicio de las competencias municipales en relación con los servicios públicos básicos, entre otros, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 27 de diciembre del 2013.