Oficina municipal del discapacitado

Art. 49 de la Constitución

Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.

La democracia española tiene una deuda para con la población discapacitada y lo sabe. La población discapacitada no es un conjunto social estático, y hoy día se nutre esencialmente de personas que hasta ayer eran "personas normales" y un accidente les llevó a la discapacidad.

El ayuntamiento de Madrid debe cumplir y hacer cumplir todo lo relativo a las normativas de derecho a la movilidad y al acceso a una vivienda adecuada. El Estado y la Comunidad deben procurar también que las normativas relativas al derecho a una educación igualitaria y a un empleo acorde con la formación recibida se cumplan, y al deber que toda empresa con más de 50 trabajadores de integrar a un 2%-5% de discapacitados en sus plantillas. También deben las comunidades autónomas presupuestar para que se cumpla con dignidad la ley de dependencia. Es un delito que se vaya dejando morir a potenciales benefactores de la ley para adelgazar el gasto.