MEDIDAS PARA CENTROS Y PISOS DE MENAS EN MADRID.

ANTECEDENTES

En el año 2019 el número de menores extranjeros no acompañados inscritos en el registro MENA alcanzaba la cifra de 12.303 a nivel nacional. En cuanto al número de MENAS residentes en la Comunidad de Madrid se hace especialmente difícil conocer su número por cuanto las cifras se contradicen según la fuente consultada y en especial  a partir del año 2020. Sin embargo, la propia Comunidad de Madrid reconoció que si bien la media mensual de MENAS que llegaban a nuestra región en el 2017 se situaba en 82, durante el año 2018 la media ha estado en torno a 131 menores al mes (1.577 menores llegaron solo en el año 2018). También la Comunidad de Madrid y el propio Defensor del Pueblo han reconocido: 

• La saturación de los centros. En algunos la casos  la ratio de ocupación superaba el 200% de la capacidad del centro. 
• No respeto de los periodos mínimos de permanencia en los centros de primera acogida de Isabel de Clara Eugenia y Hortaleza. 
• La inadecuada atención a los menores. 
• La aparición de problemas de seguridad y convivencia social en los barrios donde se encuentran estos centros. 
•  La inviabilidad del desarrollo de programas de intervención educativa tanto con los MENAS como con los menores susceptibles de protección que no son MENAS. 
• El elevado número de trabajadores adscritos a los centros que se encuentran de baja. En el caso de Hortaleza encontramos al 50% del personal educativo y al 40% del personal del turno de noche de baja.

La comunidad de Madrid ha intentado solventar esta situación creando plazas adicionales y sacándolas a concurso público para que estas se puedan adjudicar entre los distintos licitadores. Una vez examinada la documentación referente a estos concursos públicos, hemos podido determinar que el coste diario de cada plaza ocupada asciende a los 140,58€. Dicho de otro modo, cada MENA supone a los madrileños un coste de 140,58€ diarios, 4.367,4€ mensuales y 52.408,8€ anuales. 

Si tomamos este dato como referencia y lo aplicamos al número total de MENAS a nivel nacional (12.303 a nivel nacional en 2019) podría sacarse en conclusión que las Comunidades Autónomas destinarían casi 645 millones de euros anuales a esta cuestión. Por otro lado, de los distintos procesos de contratación pública se desprende que los licitadores no disponen de trabajadores sociales ni educadores en los pisos tutelados / centros de acogida que ponen a disposición para el acogimiento de menores. Además, los programas educativos para reforzar el refuerzo de la lengua castellana y conocimiento de la cultura española ofertados por los licitadores suponen un total de 30 horas ANUALES. 

PROPUESTA

Ante este importante e inminente problema trasversal, las asociaciones vecinales de San Blas Canillejas, Pinar de Chamartín y Hortaleza “Carlomagno”, Coslada y San Fernando de Henares y las culturales de Getafe y Resistencia Social de Alcalá de Henares solicitamos: 

• Que por parte de la Comunidad de Madrid se proceda a auditar a todos los licitadores que han resultado adjudicatarios en los concursos públicos de plazas residenciales de MENAS. Que dichos procesos de auditoria se hagan públicos y las asociaciones vecinales puedan tener acceso directo a sus resultados. 
• Cumplimiento estricto del régimen de adaptación y convivencia de los centros. 
• Control riguroso del régimen de accesibilidad (entradas y salidas). 
• Reforzar la seguridad en los barrios en los que existen pisos tutelados o centros de acogida. Presencia permanente de educador y trabajador social en los pisos tutelados y centros de acogida. 
• Que por parte de las administraciones públicas competentes en la materia se desarrollen los instrumentos jurídicos necesarios para que los países de origen de los MENAS reintegren / abonen todas aquellas cantidades destinadas a la creación y mantenimiento de estas plazas residenciales.
• Se inicien consultas entre los vecinos de Hortaleza, San Blas Canillejas, Casa de Campo y Ciudad Lineal a los efectos de que puedan pronunciarse sobre la permanencia o cierre de los centros de acogida y/o pisos tutelados.  
• En todos aquellos casos en los que no concurran las exigencias anteriores, se proceda al cierre cautelar de los centros de acogida y/o pisos tutelados hasta que no concurran las circunstancias tendentes a la salvaguarda de la integridad y seguridad de los vecinos.