En casos de consumo (Automoción, telefonía,...), cuando se demuestre que una reclamación es procedente y afecta a gran numero de consumidores, la OMIC debería inspeccionar periódicamente y sancionar.
Actualmente, cuando se presenta una reclamación, la OMIC se limita a filtrarla y en el mejor de los casos solicitar a la empresa reclamada que se someta a un proceso de arbitraje. En el caso de que la empresa no acepte el proceso de arbitraje, unicamente queda el camino de una demanda legal. A mi entender esta situación representa una indefensión del ciudadano frente a las grandes empresas.
Esta situación podria mitigarse con una modificación del reglamento de la OMIC, para que siempre que se demuestre que la reclamación de un ciudadano es procedente, la OMIC actue de oficio:
Analizando los hechos denunciados, comprobando si el hecho denunciado puede afectar a mas ciudadanos.
Verificando junto con la empresa denunciada, que se han identificado las causas de la reclamación y en caso necesario se han tomado las acciones necesarias para evitar su repetición en el futuro.
Sancionando a la empresa en función de la voluntariedad de los hechos denunciados, del numero de ciudadanos afectados y de los beneficios adicionales obtenidos por los hechos reclamados.
Comunicando los hechos y los resultados de las acciones anteriores a los gobiernos regionales y nacional, para que si procede estos actuen en sus ambitos de responsabilidad.
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