Vivienda digna para familias que reciben Renta Mínima.

#Túpreguntas:Manuela  Carmena: Adjudiquen viviendas social, en mi caso 3 años pasando papeles y más papeles, la necesidad básica de una vivienda para mi y mi hijo sigue igual, pero nunca nadie dice nada.

La RMI es un derecho, pero no es considerado un ingreso legítimo ante bancos, dueños de pisos, minicréditos, financiar un ordenador personal... ect.  Por lo que se dificulta para ciertos núcleos familiares tener una vivienda en alquiler o cumplir el sueño de que sea propia. Las personas con RMI, muchas de ellas llegado a este punto, ya han sufrido desahucios, vulnerabilidad social, hacinamiento, vuelta a casa padres y suegros, empadronados en casas donde no viven, hacen fila para lentejas y macarrones en iglesias y visitan roperos. Sin embargo estas personas hoy por hoy son: personas sin adicciones, con nivel cultural bueno, clase media, hombres y mujeres productivos, algunos brillantes, familias jóvenes, gente con estudios profesionales, emprendedores, madres solteras y padres solteros..... Queno encuentran un piso que alquilar, con un precio social, alejado de los del mercado libre, que sea digno, y con digno me refiero a lejos de zonas difíciles, donde criar a un hijo es un poco más complicado. Me refiero a pisos que no sean zulos sin aire o luz, o un closet con baño. Me refiero a poder alquilar sin garantías abusivas de 6 y 12 meses de alquiler por anticipado. Aval bancario y aval personal y hasta el RH. Por favor Urge una solución a esta lenta y conformista agonía que sufren muchas familias en silencio .   Puede decirse que las rentas mínimas son prestaciones económicas concebidas, al menos en el plano de la intencionalidad política, para que ningún ciudadano se quede sin nada para vivir y marcan un nivel mínimo de la protección social. Son prestaciones con carácter universal, tienen carácter de derecho o cuasi derecho y su finalidad es cubrir necesidades básicas en situación de necesidad. La RMI forma parte de las prestaciones y de las ayudas que las Comunidades Autónomas establecen en el marco de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, no existiendo una ley de rentas mínimas o de salario social a nivel estatal.  

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