Viviendas baratas para personas con menos recursos

Plan integral para personas sin recursos

Antecedentes:

• No es normal que el precio mínimo a pagar de una vivienda en Madrid Capital sean 100.000 € por un espacio que muchas veces no cumple las condiciones mínimas de habitabilidad. Con los sueldos actuales de 700 €/mes se tardarían 12 años en conseguir ahorrar dinero para una de estas viviendas si empleamos el 100% de nuestro dinero en esta finalidad. Pero tenemos que comer, pagar el alquiler, hay personas sin familia y cada vez más hay personas sin trabajo ni recursos económicos para poder comer y pagar el alquiler. 
• Esta propuesta está amparada por la Constitución Española, recogido en el Título I de los derechos y deberes fundamentales. Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica. Artículo 47 "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos."
• Llevamos años de silencio e incumplimiento de la normativa constitucional, amparada por los intereses individuales frente al bien colectivo generando a cada minuto desigualdad y exclusión social. 

Propuestas: 

1. Estudio sistemático de cada individuo en relación a sus posibilidades económicas y generación de un listado de personas con riesgo alto de terminar viviendo en la calle. 
2. Estudio de las viviendas municipales e individuales en desuso para una posterior ocupación controlada por las administraciones y por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo
3. Cesión o venta de viviendas desocupadas a personas que más lo necesiten en orden de gravedad. 
4. Creación de un organismo de control de los movimientos de especulación dentro de la capital. 
5. Optimización de concursos de vivienda públicos no sólo para viviendas de nueva construcción sino para otras ya construidas que no se han vendido o llevan desocupadas durante más de un año. 
6. Facilidad para obtener una mejor puntuación a personas sin recursos económicos, con riesgo de exclusión social, sin un núcleo familiar económicamente estable.