Lucha contra la corrupción

Planteo esta propuesta porque creo que, el fenómeno de la corrupción, ya sea política o institucional, es un asunto que nos concierne a todos los ciudadanos sin importar nuestra ideología o pertenencia a un grupo político: es por ello que propongo la redacción de un Código Ético para la Ciudad de Madrid que vincule a todos los organismos municipales(Alcaldía, Concejalías, Junta de Gobierno, Juntas Municipales de Distrito, etc) y con el objetivo de eliminar la corrupción reinante y, si no es posible su eliminación, disminuirla. Dicho esto, el contenido de dicho Código debe sustentarse sobre estos principios:

1) No aceptar en las listas electorales a en las Elecciones municipales ni en puestos de la Administración municipal a individuos involucrados en casos de corrupción

2) El control exhaustivo de la Administración tributaria local sobre las operaciones financieras llevadas a cabo por empresas dependientes del Ayuntamiento de Madrid, que contraten con el Ayuntamiento o realicen operaciones en el área de la capital, poniendo en conocimiento de la autoridad judicial cualquier acto que demuestre enriquecimiento ilegal o mala praxis, pudiendo la Alcaldía de Madrid rescindir los contratos firmados por los entes empresariales que, habiendo contratado con el Ayuntamiento, desarrollen dichas actividades

3) La publicación, en el ámbito de la Ordenanza de Transparencia, de los contratos disponibles y celebrados, los bienes de los cargos municipales y el valor de éstos y, por último los datos generales de la Hacienda pública municipal

4) La expulsión de todo funcionario del Ayuntamiento o empresa dependiente de éste que estuviera involucrado en actividades de carácter ilegal, así como su puesta a disposición de los Juzgados y Tribunales

Opino que contra la corrupción sólamente vale una postura, mano dura, puesto que supone una quiebra de los valores que deben de regir una sociedad democrática y avanzada, dando este primer paso para que, posteriormente, las demás Administraciones locales, las Administraciones autonómicas y la estatal tomen nota en este sentido