Según la legislación vigente para llevar a cabo una actividad económica en un edificio residencial es necesario cambiar el uso del inmueble en el catastro, algo que en la práctica no se hace probablemente por la negativa al cambio del uso y porque, entre otros impuestos, es más caro el IBI comercial que el residencial. Propongo que a partir de los carteles de oficinas, despachos de abogados, consultas médicas, etc. que se ven en los propios portales de los edificios se contraste con el catastro virtual si dicho inmueble ostenta un uso económico o residencial, y en caso de que se esté llevando una actividad comercial en un inmueble con uso residencial, llevar a cabo una inspección llegando a sancionar al dueño del inmueble y al arrendatario (si lo hubiera) tal y como está ya previsto en la normativa.
Estos negocios actualmente parece que tienen total impunidad para pagar menos impuestos que cualquier ciudadano corriente.
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