Economía social
Priorizar en los contratos públicos de proveedores a empresas pequeñas que entren dentro de la denominación de economía social definida por la ley 5/2011 de 29 de marzo (http://cepes.es/pagina_cepes=24), así como como todas aquellas que, en el ejercicio de su servicio o contrato favorezcan un desarrollo sostenible, como sería la contratación de comercializadoras de energia 100% renovable para el alumbrado público, productos de comercio justo para las máquinas y servicios de cafetería dependientes del ayuntamiento, puntuar mejor a las empresas con una menor huella ecológica, con menos accidentes laborales, con menor conflicto laboral... En resumen, dar más importancia en la contratación pública a los aspectos medibles que favorezcan una economía más social y sostenible, frente a la prioridad de la mejor propuesta económica.
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Jajaja, pensaba más en que la gestión de esos servicios recaiga sobre empresas socialmente responsables frente a sociedades como la de Arturo Fernández Álvarez (que lleva la concesión del cátering del congreso), imputado en el caso Bankia con una deuda de 400.000 € a la seguirdad social y una deuda de 800.000 € con Patrimonio Nacional. Que los alimentos de esos cáterings provengan de proveedores locales a ser posible o productos de comercio justo en los procedentes de países en desarrollo. Que en concurso público sobre el comercializador de electricidad para el ayuntamiento tenga más puntos una empresa de energías 100% renovables que otra que no lo sea aunque el precio sea un poco más barato. Que a una pyme le resulte más sencillo participar y ganar frente a una multinacional. En resumen, tener en cuenta valores sociales, no sólo económicos, ya que la administración pública es un motor de contratación principal y puede favorecer otras políticas a través de esas contrataciones.
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Creado el 11/09/2015 18:19
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