Es incoherente defender la sanidad , la educación, las pensiones, la información o el derecho a un abogado contra la privatización y luego apoyar a una empresa privada con ánimo de lucro que maltrata a sus trabajadores para que cumpla estas funciones. Esto tiene que ser un derecho , no estar sujeto a la caridad de una ONG, que no se con qué criterios decide a quién ayudar y a quién no.
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