La concreción de las obligaciones de información en las convocatorias o resoluciones de ayudas, así como en la documentación contractual (pliegos o contratos) ha sido duramente criticada por el Consejo de Estado - Dictamen del Consejo de Estado de fecha 19 de julio de 2012 sobre el Anteproyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”-. Estas previsiones permite dejar a la voluntad de las partes la regulación concreta de la obligación, pudiéndose modificar por vía contractual los deberes de publicidad activa que la Ley impone.