Remunicipalización servicios públicos privatizados

Puesta en marcha de lo exigido en el "Acuerdo por la gestión directa de los servicios públicos en Madrid", promovido por la Plataforma por la Gestión Directa y Remunicipalización de los Servicios Públicos, al que nos adherimos la Asamblea Popular 15M Villa de Vallecas junto a otros colectivos vecinales y que reproducimos a continuación

A finales de los años 70, la prestación de los servicios públicos municipales empezó a tener importancia, lo que se tradujo en un mayor peso económico en los presupuestos, suscitando el interés de muchas empresas. Se fue privatizando la gestión en Madrid de servicios públicos como limpieza, jardinería, infraestructuras, movilidad, alumbrado, servicios funerarios, polideportivos, centros culturales y de mayores, transporte, vivienda, saneamiento, servicios sociales, 010, atención al ciudadano, escuelas infantiles, etc. Hoy Madrid está en manos de las grandes multinacionales.

Repiten que los servicios privatizados son más baratos y eficientes, destruyendo el servicio público y desprestigiando sus empleados. La crisis-estafa ha destapado la realidad. Sin embargo, la necesidad de ahorrar de los ayuntamientos, por la acumulación de deudas debido a unas gestiones desastrosas vendiendo el patrimonio y los servicios públicos, ha llevado a algunos a desandar el camino, como el de León, que han tenido que devolver a la gestión pública servicios como la limpieza de edificios públicos o la limpieza urbana (ahorrándose más del 50%). Informes del Tribunal de Cuentas explican que los servicios en gestión directa son mucho más baratos que los de gestión privada, sobre todo en grandes ayuntamientos.

La remunicipalización es deseable, necesaria y posible. Mienten afirmando que es imposible recuperar los servicios contratados, porque supondrían fuertes indemnizaciones. Los contratos tienen plazos. Los que cumplen su tiempo, pueden volver a ejercerse por el Ayuntamiento de una manera directa, y los que no, se pueden anular si incumplen condiciones y objetivos. Con la gestión directa de los servicios se conseguiría el reingreso de plantillas, recuperación del empleo perdido, y generación de nuevo empleo.

Las organizaciones firmantes declaran y exigen:

1. Que la gestión de los servicios de competencia municipal en la ciudad de Madrid se realice de manera directa por el Ayuntamiento o sus empresas públicas, lo que permitirá el abaratamiento y una mayor eficacia, al eliminar la rentabilidad y beneficio económico especulativo en su gestión y la mejora de las condiciones laborales. Así como la desaparición de la corrupción política basada en esas concesiones.
2. Que se articule un plan de remunicipalización de los servicios públicos, de manera que no se vuelva a licitar ningún servicio cuyo plazo de concesión vaya cumpliendo y se establezcan los mecanismos más eficientes para la reversión de los contratos realizados con empresas.
3. Que se desarrolle una real descentralización municipal, dotando de competencias y recursos a los órganos municipales de distrito, que favorezca el control y participación en la gestión de los servicios municipales de trabajadores y vecinos con la articulación de los mecanismos necesarios. Y donde cada barrio o distrito pueda gestionar sus propios servicios públicos.
4. No al pago de la deuda municipal ilegítima, con una auditoría de la misma y con control ciudadano para garantizar que los servicios públicos gocen de los recursos adecuados. Actualmente la deuda del Ayuntamiento asciende a casi 6.000 millones de euros.
5. Retirada de los ERE y ERTES de las plantillas de las contratas que gestionan los servicios públicos, lo que conlleva el reingreso de los trabajadores despedidos, no subrogados y trasladados, para después exigir la reabsorción de las plantillas por el Ayuntamiento.
6. Aplicación a todo el personal que temporalmente siga trabajando en contratas de las mismas condiciones laborales que disfruta el personal contratado directamente por el Ayuntamiento y sus empresas públicas.
7. Detener la venta del patrimonio municipal y recuperación del entregado a empresas privadas, tanto de edificios públicos, como de viviendas sociales.
8. Retirada y derogación de la nueva Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, que supone un retroceso en la autonomía de los ayuntamientos.