¿Cómo valora el funcionamiento de las Entidades Privadas de Colaboración (ECUS) como intermediarios en la tramitación de licencias urbanísticas y declaraciones responsables de actividades, y la posibilidad de que realicen nuevas funciones de inspección y control para el Ayuntamiento de Madrid?
Nada público puede ser atendido por un intereses privados. Los intermediarios siempre actúan por intereses privados que no se corresponden con la responsabilidad que el ayuntamiento tiene de gestionar todos los recursos municipales con funcionarios cualificados.
De acuerdo con Gonzalo y Mario. Esto es otro sacacuartos para el usuario.En contra totalmente. De todas formas ya han decidido hacerlo asi q no se para q preguntan.saldran dos millones de sies de.los q piensan sacar tajada de este nuevo abuso.
Estoy a favor de delegar ciertas funciones en entidades privadas, sin embargo debido a la naturaleza de las licencias urbanísticas se debe prestar especial cuidado para evitar cualquier medida que no obedezca al bien general. Delegar la inspección y control a entidades privadas que obedecen a lucro puede derivar en que no se aborde de manera correcta esas inspecciones y controles.
No digo que en algún caso pueda ser así, pero las ECUs, al estar supervisadas por el Ayuntamiento, no pueden hacer otra cosa que velar por el cumplimiento de la normativa urbanística, con técnicos que han sido formados por el mismo Ayuntamiento. El que sea una empresa con ánimo de lucro conlleva a que la gestión sea muy distinta, mantener al cliente es importante y por ello los plazos y la fluidez en la tramitación son fundamentales. Insisto en que es fundamental el papel de Ayuntamiento controlando el correcto funcionamiento del sistema.
La fluidez tiene que ver con los medios, y es mucho más caro tener un sistema privado que uno perfectamente público. El problema es que no se ha querido tener y se ha preferido legalizar la opacidad y el negocio, nunca van a ser controlables, ECUS e inmobiliarias son una cosa, indaga quienes las capitalizan y verá lo que resulta. Son una trampa legal y más pronto que tarde lo veremos.
Totalmente negativa, esa labor deben de hacerla el propio ayuntamiento con funcionarios y no empresas privadas. la experiencia ya demuestra que empresas miran por su interés y no por el de la cuidad, no hay más que ver como está Madrid, dependiendo de que barrios claro.
En sistema de servicio público el fin es prestar al ciudadano servicios eficientes, y por ser público en nuestras administraciones existen funcionarios de valía, que desde luego pueden llevar a cabo las labores que nos ocupan, si bien existen Colegios Profesionales, Asociaciones sin ánimo de lucro, que pueden aportar su experiencia sin recibir nada a cambio. Con ello quiero decir que existen medios y formas, que no son ECUs, que pueden aportar desde un sentimiento de independencia, con lo que el resultado final será más cercano a los interés públicos. Pongamos el sentido común en beneficio del interés público
en la actualidad su funcionamiento es muy deficiente y en cuanto a las posibles funciones de inspección y control, sería un profundo error dado que estas funciones deben corresponder al Ayuntamiento y si fuese factible, con la colaboración de ciudadanos del entorno.
Las ECUS no deben realizar nuevas funciones de inspección y control para el Ayuntamiento de Madrid. De hecho, deben verse reducidas al mínimo sus funciones en la tramitación de licencias urbanísticas y declaraciones responsables de actividades. Estas labores deben recaer directamente en personal propio del Ayuntamiento y no en entidades como las ECUS.
Da la impresión de que lo que se pretende es una modificación en el sistema de tramitación y concesión de licencias urbanísticas para esquivar ciertos procesos que pudieran resultar “engorrosos” para los grandes intereses inmobiliarios; como por ejemplo trámites de consulta pública y las garantías de participación ciudadana que se establecen en la normativa urbanística. Desde luego quedaría claro que una pretendida “flexibilización” o “agilización” de controles administrativos en manos de tales intermediarios tendría un efecto directo en la cuenta de resultados de los agentes actuantes interesados, como serían los promotores inmobiliarios de Madrid.