“COLABORACIÓN SOCIAL” Valorar si realmente las características del programa favorece a una persona en la reinserción laboral.

"COLABORACIÓN SOCIAL" Este programa del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, dirigido a desempleados.

El programa de Colaboración Social se configura como una medida de empleo y formación, de carácter temporal, dirigida a la mejora de la empleabilidad de los desempleados perceptores de prestaciones y subsidios de desempleo, mediante la adquisición de nuevas competencias y su activación en la búsqueda de empleo.

• Ventajas del Programa:

- El programa se configura como una medida de empleo.

- Se adquiere experiencia en las funciónes y competencias a desarrollar en el ámbito público.

- El programa incluye un periodo de orientación profesional que favorece la búsqueda de empleo.

• Desventajas del Programa:

- Es una ley con una condiciones del año 1994 que no se han modificado.

- La situación laboral actual no favorece la reinserción laboral.

- Al finalizar el programa, como carácteristica de la misma, tambien se termina de percibir la prestación por desempleo depende su duración.

- El estar en un organismo público ejerciendo el programa, no puntua para entrar en una bolsa de empleo.

- Según las condiciones del programa no permite la renovación del mismo sin tener en cuenta que el centro de trabajo hay gran volumen de trabajo.

- La Colaboración tiene una duración determinada sin posibilidad de prórroga o prolongación.

- La situación personal de cada colaborador  puede ser afectada: por la edad, las cargas familiares, etc.

 

SE PROPONE MODIFICAR LA LEY QUE REGULA LA COLABORACIÓN SOCIAL EN:

• PRÓRROGA DEL MISMO SI LO REQUIERE EL CENTRO DE TRABAJO
• ENTRAR EN UNA BOLSA DE EMPLEO PARA OPTAR A UN PUESTO DE TRABAJO
• REALIZAR UN EXAMEN ELIMINATORIO DIRIGIDO A LOS COLABORADORES PARA OPTAR A  POSIBLES PLAZAS FIJAS
• VALORAR LOS MÉRITOS PROPIOS CONSEGUIDOS POR CADA COLABORADOR EN SU CENTRO DE TRABAJO.

Buenas tardes:

Me gustaría exponer la situación actual de los profesionales del ámbito de la acción e intervención social, que trabajamos en centros del ayuntamiento de madrid, en concreto en el área de servicios sociales cuya concesión la tienen empresas privadas.

Llevamos toda la vida trabajando en el sector, sin tener un convenio propio por lo que cada empresa ha estado aplicando el convenio que creía conveniente, tales como el Convenio de Residencias privadas y Centros de día, convenios del ámbito de la hostelería, convenios de oficinas y despachos etc. Convenios que nada tienen que ver con la actividad diaria que nosotros venimos realizando, como por ejemplo no es lógico, que los compañeros de Samur Social que están trabajando en unidades móviles, a pie de calle, haciendo intervención directa con personas sin hogar etc. tengan como convenio de referencia el convenio de oficinas y despachos.

Por otro lado comentar que aunque se nos exige una alta cualificación, capacitación y disponibilidad para desarrollar nuestro trabajo, puesto que muchos de nosotros trabajamos en lugares con jornada continua, ya que se trabaja las 24h al día los 365 días al año, esto no se ve recompensado por ninguna parte. Estamos cobrando 900 euros al mes (si llega) por trabajar de lunes a domingo, con festivos incluídos, muchos compañeros incluso son correturnos o trabajadores de turno de noche y cobran practicamente lo mismo, solo libramos un fin de semana al mes, no tenemos derecho a ponernos enfermos, porque no te puedes permitir coger una baja, cuando te están quitando dinero y mucho cuidado con decir nada, porque te vas a la calle.

En la actualidad y tras nueve años de negociaciones, se ha conseguido tener un convenio propio de referencia, el Convenio de Acción e Intervención Social (2015/2017), que es de obligado cumplimiento para las empresas que trabajan en este ámbito. Los profesionales del sector, celebramos este acuerdo, ya que es el inicio de la dignificación de nuestro sector. El problema llega cuando a la hora de aplicar el convenio, las empresas se amparan en no aplicarlo o si lo aplican al menos no en su totalidad, pudiendo descolgarse de diferentes materias como tablas salariales, jornada de trabajo etc (ya que la reforma laboral les ampara). y culpan al ayuntamiento de madrid de no recibir partidas presupuestarias suficientes para poder cumplir con el convenio de referencia.

Por todo lo expuesto anteriormente me gustaría saber cual va a ser la respuesta del ayuntamiento en este sentido, tanto para los contratos que siguen vigentes en la actualidad, como para los nuevos concursos que se vayan a celebrar en el futuro.

Nosotros por nuestra parte pedimos tener unas condiciones laborales dignas y el cumplimiento de la ley.

 

Un saludo.

 

Según la OMS todo niño necesita 60 minutos de actividad física al día para un correcto desarrollo. Además el deporte educativo, en las manos de profesionales cualificados, actúa como integrador social, favoreciendo la interacción positiva entre niñ@s de cualquier condición.

Es por ello que, desde mi punto de vista, permitir la práctica deportiva de niñ@ con pocos recursos o inadaptados junto a otr@s chic@s de su edad beneficiaría:

La reducción del sedentarismo, la obesidad y sus enfermedades asociadas, causando a su vez un ahorro en el sistema sanitario gracias a los efectos preventivos del deporte (LOPEZ MIÑARRO, 2010).

La inclusión de jóvenes que por motivos étnicos o culturales pueden ser aislados de la sociedad, reduciendo su contacto a compatriotas en lugar de la integración en un Madrid plural.

Relacionar el mantenimiento de las becas con informes educativos favorables del centro de estudios de los beneficiarios.

Se trata de algo que ya comentó Manuela Carmena en agosto al tomar el control de la EMT. Un abono de autobús para los colectivos mas desfavorecidos: parados, sobre todo los de larga duración, ya que no cobran subsidio, personas con ingresos bajos, etc.

Con lo que cuestan los billetes ahora, mucha gente no se puede permitir el lujo de utilizar el transporte público para moverse por toda la ciudad a buscar trabajo por ejemplo.

No menciono el metro ni cercanías, porque no es competencia del ayuntamiento, por eso lo propongo en la EMT.

Gracias

Mi familia y yo vivimos en una habitación de  9 m2 y dentro esta la cocina y el baño todo en el mismo espacio tengo un bebe de 9 meses, la cocina no tiene ni salida de humos ni ventilación, tampoco tenemos persiana y toda la pared es ventana entra muchísimo polvo que nos afecta a todos, la niña no tiene ni en donde dormir , no tenemos ingresos y la RMI tarda muchísimo, hemos solicitado ayuda en todos lo organismos y nadie nos ayuda, no me creo que no haya una vivienda donde se nos pueda alojar.

Señora alcaldesa cuánto mas debe sufrir mi familia para que nos ayuden.

yo entiendo el drama de ciudadanos Sirios pero también tienen que ver por la gente de aqui.

En los tiempos que vivimos es más necesaria que nunca la figura del psicólogo, sin embargo, la mayoría de recursos sociales carecen de él. Ayudas a domicilio, muchas residencias de mayores,  centros de servicios sociales, n algunos centros de día de personas con Alzheimer solo están cinco horas para más de 50 abuelos, en las que hay que hacer multitud de burocracia. Los abuelos que teniendo problemas múltiples, si no tienen Alzheimer, no son tratados. Parados, personas desahuciadas,   Etc., etc. 

Por todo ello propongo que se aumente el número de estos profesionales en todos los ámbitos sociales.

¿para cuántas personas existe el derecho efectivo y universal a la vivienda?

¿qué medios y organismos existen e informan sobre la situación del derecho a la vivienda?

Los primeros alquileres sociales de los bancos vencen este año, ya que empezaron en 2014, y van a vencer en junio del 2016. Creo que es de justicia que, al menos los que están al corriente de pago, se prorroguen otros 3 años. Para la gente que está ahora en las casas, tener una fecha de alzamiento (a nosotros ya nos ha llegado la carta) es un motivo de angustia, que podría evitarse. Y los bancos van a estar encantados: inquilinos agradecidos, buena prensa, y le sacan unos durillos al piso!

 

 

 

 

Priorizar en los contratos públicos de proveedores a empresas pequeñas que entren dentro de la denominación de economía social definida por la ley 5/2011 de 29 de marzo (http://cepes.es/pagina_cepes=24), así como como todas aquellas que, en el ejercicio de su servicio o contrato favorezcan un desarrollo sostenible, como sería la contratación de comercializadoras de energia 100% renovable para el alumbrado público, productos de comercio justo para las máquinas y servicios de cafetería dependientes del ayuntamiento, puntuar mejor a las empresas con una menor huella ecológica, con menos accidentes laborales, con menor conflicto laboral... En resumen, dar más importancia en la contratación pública a los aspectos medibles que favorezcan una economía más social y sostenible, frente a la prioridad de la mejor propuesta económica.

Sin entrar en catalogar centros sociales o okupas, es de todos conocido el servicio que han prestado muchos ciudadanos y asociaciones a través de estas plataformas, centros de debate, de acogida y de ayuda de todo tipo a nivel de barrio. Claramente conocemos algunos que han sido desmantelados totalmente y de mala manera cuando hacian un servicio que deberían hacer otros de manera regulada y con mas herramientas y facilidades, además de la oferta cultural que promovían. sería un buen gesto del ayuntamiento darles un lugar para seguir ofreciendo su cometido (clases de música, danza, idiomas, asesoramientos jurídicos y mesas de debate...la cultura al alcance de todos). incluso con ayuda económica para garantizar ciertas necesidades y condiciones de seguridad por ser espacios abiertos al público.

Uno de los mayores problemas a lo que se enfrentan los jóvenes del Distrito 21 es al acceso de la vivienda, muchos de ellos de no pueden asumir el coste de las viviendas que hay en el mercado ya que Barajas se ha convertido en una zona residencial y los precios de alquiler y venta son demasiado elevados. En el ensanche de Barajas esa vivienda social no tiene tales precios social y es claramente insuficiente en número.

 

 

Las compañías de suministro se adjudicaron un "derecho de amortización" de sus propios gastos con una operación directa que aparece en cada factura de cada consumidor/a.

Es excesivo afrontar el cobro de una multiplicación como se puede observar en el desglose de la factura, cuando se cobra por un lado el término de IMPUESTO ELÉCTRICO sobre otros conceptos, como el CONSUMO o la POTENCIA CONTRATADA, mientras que al cierre de la misma se cobra el I.V.A. de todo lo anterior. Es por tanto, el resultado de multiplicar un impuesto de otro, una forma de inflar el coste del producto a los usuarios, cosa que habría que ver en que términos de legalidad se hace efectivo.

Propongo repensar algunas de las funciones de la policía municipal de Madrid. En algunas otras ciudades se está ya planteando que la policía municipal no participe en deshucios, por ejemplo. (Referencia: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/02/valencia/1441207546_192232.html) 

También sería interesante, además de este nuevo catálogo de tareas generales y responsablidades de la policía municial, repensar el papel de las Unidades Centrales de Seguridad (UCS), conocidas como «antidisturbios». Ya existen cuerpos similares del Cuerpo Nacional de Policñia y Guardia Civil y hay que preguntarse si la ciudad necesita una unidad de ese tipo.

Igualmente propondría una reflexión sobre la vestimenta de los agentes. La uniformidad y color negro usado por la UCS tiene connotaciones paramilitares poco adecuadas para la tarea civil que tiene que llevar a cabo. (Foto de la UCS: http://www.abc.es/Media/201106/25/jose--644x362.jpg)  En Europa desde hace tiempo se vienen desmilitarizando las policías y asignándoles colores como el azul o el blanco. 

Por último propongo regular mejor -y hacer cumplir- la normativa en cuanto a la identificación de los agentes de la policía municipal. En muchas ocasiones el número de identificación no es visible durante su trabajo en espacios públicos y en el caso de llevar un chaleco de protección prácticamente ningún agente lo lleva visible. 

Muchas gracias. 

  

Existen arcones de metal huecos de varios metros de largo x alto a pocos metros de las viviendas para que los patinadores los golpeen incesantemente día y noche, colocados por los anteriores gobernantes. Es horrible para los vecinos que los tienen en su ventana. Propongo trasladarlos a zonas más lejanas de los domicilios como El Retiro, Parque Juan Carlos, Casa de Campo, Parque de Valdebebas,... Compatibilizando el deporte del skite con la salud de los madrileños y su descanso y el medioambiente y la contaminación acústica que tanto sufrimos y nos enferma en Madrid.

Exigimos el derecho a saber, que se ha hecho con el dinero público, del que se han beneficiado unos pocos mientras la mayoría sufría las consecuencias de la crisis.

La auditoría ciudadana es un instrumento, para analizar de manera crítica el endeudamiento llevada a cabo por las autoridades así como el impacto de esta política sobre la población. No sólo aplica el análisis de datos financieros si no un análisis más amplio que abarca desde los recortes en los derechos fundamentales de los ciudadanos, en el medio ambiente y la falta de transparencia, hasta el derecho de control que tienen los ciudadanos sobre aquellos que gobiernan y por tanto en participar activamente en los asuntos públicos.

Llevar a cabo una auditoría ciudadana de la deuda es examinar y evaluar los procesos que han originado dicha deuda, no sólo con la finalidad de determinar la razonabilidad y fiabilidad de los datos contables sino también si han sido legales, legítimos y transparentes, así como si han originado perjuicios para la población en base a las normas legales, contables, financieras, ambientales y sociales establecidas en el Estado.

La auditora debe ser Ciudadana ya que son las madrileñas y madrileños los únicos soberanos para decidir de manera participativa si un gasto o una deuda son legítimos o no.

El Ayuntamiento de Madrid es el más endeudado del Estado español (2000€ por habitante aprox.), fundamentalmente desde el gobierno de Gallardón cuando la deuda pasa de 1455 millones de 2003 a 7757 en 2011 según el Banco de España. El despilfarro en el soterramiento de la M-30, las inversiones para las olimpiadas y otros gastos de dudoso beneficio para los ciudadanos, sin hablar de la Gurtel y la Púnica.

 

http://auditoriaciudadana.net/

 

La libertad es un derecho inalienable para cualquier ser vivo, sobre todo para aquellos cuya inteligencia haya sido demostrada, es decir todo mamífero superior al igual que algunas especies de reptiles desarrolladas. Es por ello que proponemos la puesta en libertad de todos los animales que pueblan el Parque Zoológico de Madrid de manera inmediata e irrevocable.

Esta propuesta, además de otorgar a los animales la libertad que merecen, pondrá a Madrid, nuestra ciudad, a la cabeza de Europa en lo que a diversidad de fauna metropolitana se refiere. Los animales convivirán en armonía con los ciudadanos y ciudadanas madrileños y madrileñas, enriqueciendo nuestros valores de solidaridad y compañerismo. Entre todos y todas, conseguiremos que vivan en paz y libertad.

Entre las propuestas económicas y sociales de la mayoría de partidos, suelen aparecer la bajada del IBI o la del Impuesto de Sucesiones como promesa electoral. Pero rara vez habla nadie del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o Plusvalía Municipal por Mortis Causa. Calculado sobre unas "tablas" que difieren de municipio en municipio, el impuesto aplicado por el Ayto. de Madrid es uno de los más altos de España, con una valor catastral absolutamente inflado, propio de la burbuja inmobiliaria, y de años anteriores a la crisis. La tasa carece de progresividad alguna, ya que en estas tablas de cálculo no se considera la situación del pagador, ni sus ingresos o rentas. Tanto da estar en paro o ser pensionista que gran propietario: la cuantía del impuesto será la misma. La injusticia flagrante que esto conlleva para los ciudadanos menos favorecidos supone que, en muchos casos tengan que solicitar un préstamo bancario para hacer frente a la deuda, con los intereses correspondientes, claro está. El que muchos de esos deudores no puedan acceder a ningún préstamo por carecer de nómina o ser autónomo, o pensionista o parado de larga duración, no resulta relevante a los ojos de la administración municipal. No hay bonificación alguna ni demostrando que el deudor utliza la vivienda heredada como domicilio habitual, ni cuando es el ÚNICO bien legado. Tampoco da el consistorio facilidades de pago  y a partir de una moratoria de 6 meses, se castiga con un 7% anual de interés sobre la deuda acumulada. Un gasto extra que -después de un fallecimiento, con lo que todo ello conlleva- muchas familias no pueden asumir. Recordemos que las renuncias a herencias se han triplicado con la crisis. (El Mundo, 23 de Julio de 2015) ¿Es necesario ser rico para poder heredar? ¿Qué opción aporta el ayuntamiento de Madrid a aquellos que no pueden hacer frente a estas deudas? 

Esperamos que este nuevo gobierno municipal responda lealmente a las demandas de los ciudadanos y que convierta la ley (esa ley hecha para favorecer a quienes más tienen) en justicia.

Enhorabuena por la iniciativa de los debates públicos.    

Como ciudadano próximo a iniciativas sociales, asociaciones y fundaciones que se ocupan de determinadas discapacidades, verifico la dificultad de obtener la cesión del uso público de salas, sedes, .... incluso estando prácticamente desocupadas, y todo ello, hasta ahora, por trabas administrativas o desidia de los responsables.

Entiendo que lo indicado sería centralizar la "explotación" abierta para todos aquellos que lo necesiten y aporten un valor añadido a la ciudad y a sus ciudadanos a través de un canal único que de respuestas, pues en muchos casos ante peticiones ya cursadas se da la callada por respuesta.

  Hola , ¿Cómo podemos democratizar los medios audiovisuales y dar acceso y medios a colectivos sociales para que participen en la construcción de la sociedad en lugar de fanatizarlos con la discriminación y así enriquecer la crítica constructiva? ¿No parece peligroso que las grandes empresas de comunicación se finacien con dinero de empresas de armamento o bancos? y que los ciudadanos tengamos  participación y podamos expresar nuestras opiniones o manifestaciones artísticas.

Una ley de medios que garantizara medios económicos y licencias a colectivos sin acceso a los media por falta de recursos , como radios sociales, espacio televisivo, promover una televisión pública europea, derecho a réplica obligatorio, promover el desarrollo social , cultural y científico como pago por utilizar las licencias públicas, un órgano defensor del periodista y el consumidor, multas por manipulación de noticias o por falta de verificación, apoyar a los medios alternativos con impuestos a las plataformas más ricas, obligación de proporcionar educación crítica y de entendimiento consciente de la información audiovisual, prohibir la publicidad dirigida a menores o que discrimine y ridiculice colectivos .

¿Cómo se podría llevar a la práctica?

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

El espacio público es aquel espacio que es de todos, y a la vez de nadue. Es aquel espacio en donde nos podemos encontrar con todos, y en donde tenemos la libertad de su uso, porque es de todos, y porque a la vez no es de nadie. Esto no quiere decir que por esto pueda abusar del espacio público, pues hay unas normas básicas que todos debemos conocer y aplicarnos. El espacio público es donde se han reunido históricamente los pueblos de manera libre y fraternal, esto es, sin regulaciones ni autoritarismos. Sin embargo esto con el gobierno del PP cambió.

PUNTOS DE DISCREPANCIAS

El PP con su autoritarismo y su política económica liberal ha decidido vender (o alquilar) el espacio público al mejor (o peor) postor, mutando el espacio público a una especie de espacio semi-público o medio privado en donde nos vemos inundados por terrazas de bares, falta de sitios donde sentarse, lugares que se nos han privado y un largo etc...

La medida fue realizada con el fin de mejorar la rentabilidad de la restauración madrileña, y así mejorar el crecimiento económico y el empleo. Soy consciente de ello. Pero lo que es inadmisible es que TODOS perdamos espacios de TODOS por el hecho de mejorar los resultados económicos de los bares y restaurantes y la recaudación del consistorio. Busquen otras fórmulas.

Además el proceso de PRIVATIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SE HA CONSOLIDADO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS:

· Examen (regulación y autorización) del arte urbano, en especial de los músicos, los cuales ya no son libres de usar el espacio de todos para practicar y conseguir unas moneditas extras.

· Sanción de la indigencia o la mendicidad, un atroz autoritarismo que nos deja fatal como sociedad, primero que excluye y abandona en la calle a su gente y luego que la sanciona y hostiga hasta hacerla la existencia inaguantable. 

· Legislación muy restrictiva en cuanto al uso del espacio público, las leyes Mordaza, el hostigamiento de la Policía a los jóvenes en las plazas o las leyes anti-botellón, llevan a que la gente querramos estar encerrados en casas, en espacios públicos, y poder seguir el proceso de división y venta del espacio común.

· Desvalorización del espacio común, quitando bancos donde sentarse o estableciendo bancos individuales en las plazas (¿acaso se han creido que la gente se va a sentar sóla en las plazas???¿que en un banco de una persona se puede ir a charlar con alguien??). En muchos sitios se han quitado árboles, sombras, bancos,...todo con el fin de que nos vayamos a sentar a la terracita del bar ¡VENGA HOMBRE!

 

LA PROPUESTA

· Recuperar el espacio público, aboliendo leyes y medidas autoritarias y económicamente liberales

· Volver a valorizar el espacio público, invirtiendo en él y recuperando los sitios donde sentarse y donde tener una sombra, o un sitio para resguardarse. Esto no tiene por qué ir en contradicción con las terrazas de los bares, dejemos, que sean los ciudadanos que decidan donde sentarse, pero démosles todas las opciones. Bancos y sitios en Sol, Callao, en Chueca, en todo el centro. Ya está bien de el lucro del PP que ha quedado en esta ciudad y debe corregirse cuanto antes

Se puede crear empleo que genere derechos a los vecinos para poder vivir, el ayutamiento puede hacer mucho apoya esta propuesta    https://decide.madrid.es/Proposals/240 estoy dispuesto a defenderla y desarrollarlas en donde quiera la alcaldesa JHV

Cuando se habla de servicios sociales para satisfacer necesidades básicas se olvida que además de la vivienda, la atención sanitaria y la alimentación, el sexo supone una necesidad humana y natural que muchos no pueden satisfacer. No se trata de hacer un servicio de prostitución público a domicilio, sino de que exista personal específico en asuntos sociales que pueda ayudar mediante la masturbación a aquellas personas sean del sexo que sean cuya discapacidad les impida satisfacerlo por sí mismos y carezcan de compañero sexual que pueda hacerlo. 

Esto que en un principio puede parecer una locura no lo es y ya se da en otras partes del mundo. En Japón hay asociaciones de voluntarios que acuden al domicilio del ciudadano que lo necesita para masturbarle. Sin embaro considero que esta necesidad no puede ser dejada a la caridad de las asociaciones ni de los voluntarios y que la satisfacción sexual es una necesidad humana tan importante física y psicológicamente hablando como la vivienda, la educación o la comida. De hecho en Dinamarca el Estado ha entedido esta necesidad como un derecho y existe una subvención específica asociada a determinadas minusvalías por las que el Estado se hace cargo del pago de profesionales sexuales especializados en la atención a personas con minusvalía. 

Por último quiero aclarar que no propongo que los empleados de Asuntos Sociales se hagan cargo del asunto, sino que creo que habrá que convocar plazas públicas o contratar a personal especializado para tales quehaceres. 

Un saludo. 

En los últimos años los servicios sociales dependientes de diversas administraciones públicas (Ayuntamiento o Comunidad de Madrid) han sufrido un gravísimo deterioro, y por partida doble. - Por un lado, la degradación de la calidad de los servicios prestados precisamente al sector más vulnerable y desprotegido de la población madrileña, que en muchos casos carece de voz propia para expresar su protesta. Así, hemos sido testigos de cierres de Centros de Atención a Drogodependientes, del deterioro de las ratios de personal especializado por número de usuarios en centros de Atención a la Discapacidad o a Menores, de la clamorosa insuficiencia de medios de los Centros Municipales de Asistencia a Personas sin Hogar, etc. En muchos casos, las entidades - supuestamente sin ánimo de lucro - incumplen abiertamente los Pliegos de Condiciones del servicio que gestionan. - Y por otro, las condiciones de precariedad, salarios de auténtica miseria, desprecio a la profesionalidad, etc. son moneda corriente en el sector. La única salida que veo a esta situación es la de proceder inmediatamente a la remunicipalización de todos estos servicios, subrogándose el Ayuntamiento los contratos laboral del personal actual - naturalmente, respetando la legislación laboral y el recién firmado Convenio de Intervención Social -, y gestionándolos de forma democrática, transparente y participativa, dando voz y voto en la gestión a los profesionales del sector, a los usuarios/as y/o sus familias, y a las entidades, asociaciones y colectivos que de verdad operan en el ámbito del trabajo social sin el ánimo oculto de hacer negocio.

Las compañías de suministro se adjudicaron un "derecho de amortización" de sus propios gastos con una operación directa que aparece en cada factura de cada consumidor/a.

Es excesivo afrontar el cobro de una multiplicación como se puede observar en el desglose de la factura, cuando se cobra por un lado el término de sobre otros conceptos, como el o la , mientras que al cierre de la misma se cobra el de todo lo anterior. Es por tanto, el resultado de multiplicar un impuesto de otro, una forma de inflar el coste del producto a los usuarios, cosa que habría que ver en que términos de legalidad se hace efectivo.

Los Centros de Apoyo a las Familias son servicios externalizados que dependen del ayuntamiento pero que hasta la fecha siempre han quedado en manos de empresas externas que los gestionan -como otros tantos servicios de carácter "municipal" o al menos así se venden a los ciudadanos. La realidad es otra. Los trabajadores que están en los CAF como en otros tantos servicios municipales carecen de sueldos dignos dadas sus responsabilidades. Es decir, este trabajo de abogados, psicólogos, trabajadores sociales debe ser reconocido como tal y estos servicios debieran ser remunicipalizados en aras de un servicio más justo. Basta de recortes y de externalizaciones. Ojalá Carmena y su equipo sean capaces de atender esta realidad y darle la vuelta al calcetín. Por una remunicipalización de los servicios "Municipales".